REVISTA BIMESTRAL
ABRIL - MAYO 2019 I NUMERO 161
Capacitaciones y destacados 2018 Comenzando 2019
» Capacitaciones

 

Impactos Ambientales
en la Producción Agropecuaria


 
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Ing. Agr. Ernesto Pirillo
MN 08416*24*01
Consultor en Evaluación, Estrategias y Planes de Acción Ambientales.
 
   

La Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) puede ser definida como "El proceso de identificar, prever, evaluar y mitigar los efectos relevantes de orden biofísico, social u otro de proyectos o actividades, antes de que se tomen decisiones importantes" (IAIA, International Association for Impact Assessment, sigla en inglés de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos).

Se podría considerar al 1º de enero de 1970 como el inicio de las normas del ambientalismo a nivel mundial, cuando se sanciona la Ley Nacional de Políticas Públicas en EUA. A partir de allí, en todo el mundo se suceden normas locales que introducen el término EIA, referido a la necesidad de presentar un informe con las estimaciones de los efectos ambientales que pudiera provocar la implementación de un proyecto determinado, antes de la aprobación del mismo. A partir de ese momento, la EIA se transformó en la herramienta más satisfactoria de evaluación de proyectos y de evaluación estratégica.

 
 
En nuestro país, actualmente, el marco normativo como así también los requerimientos técnicos, la calidad de los informes y los procedimientos de aprobación de los mismos, es muy amplio y variado a través de las distintas jurisdicciones. A partir de la ley 7343/85 de la Provincia de Córdoba, se sucedieron otras leyes similares en las demás provincias del País y diversas resoluciones de las distintas reparticiones del Estado Nacional (Secretaría de Energía, Recursos Hídricos, Obras Públicas, etc.).

En la Provincia de Buenos Aires (PBA), la Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Humanos (11723/90) y la Ley de Radicación Industrial (11459 y DR 1741/96) introdujeron el concepto y la aplicación práctica de la EIA para los proyectos industriales a implantar en el ámbito de la provincia.
En el ámbito nacional, la Ley General del Ambiente (25675 del 2002) en su artículo 1º expresa que "la presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable" incorporando expresamente a la EIA como un instrumento de la política y la gestión ambiental. Agrega, además, que "toda obra u actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de EIA, previo a su ejecución.

La EIA trata a los proyectos en forma individual y por lo tanto no evaluará los impactos acumulativos y/o sinérgicos, producidos por varios proyectos actuando en conjunto en un área determinada, por lo que, llegado el caso, se deberá analizar todo el grupo de proyectos actuando en conjunto si ya estuvieran operando. Evidentemente, mucho más eficiente sería tratar el tema en etapas anteriores de la planificación, o sea a nivel de Políticas, Planes y Programas (PPP) de la administración. Es lo que se ha dado en llamar Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
La EAE, es el proceso de incorporar las consideraciones ambientales en el proceso de formulación de los PPP propios de la gestión pública y, al igual que la EIA, ayudar en la toma de decisiones. Requiere un enfoque continuo, flexible, adaptable a medida que se avanza en el proceso de la implementación de la misma y con comunicaciones e interacciones continuas con las comunidades y demás partes involucradas.

En nuestro país, la introducción intempestiva de las biotecnologías genéticas (OGMs) en la agricultura, a fines del siglo pasado, indujo una veloz incorporación de grandes extensiones de tierras de bosques nativos a sistemas productivos de agricultura extensiva con desplazamiento, sin control, de la frontera agrícola a zonas donde se producía ganadería extensiva. Al mismo tiempo, la producción ganadera, desplazada de esas tierras incorporadas a la agricultura a zonas periféricas, mutó en gran medida a sistemas de producción intensiva de engorde (feedlots).

 
 
De acuerdo al SENASA, a diciembre de 2018 habría más de 1.420.284 de bovinos en 1269 establecimientos y 2547 unidades productivas de engorde a corral de distinta escala. La PBA, al respecto, sancionó la ley 14867 y su DR 2095/16, la cual en su art. 4º menciona que los establecimientos, tanto instalados como a instalarse, deberán contar a fin de ser incorporados al Registro Provincial de Habilitaciones, con el certificado de radicación y con la aprobación del Estudio de Impactos Ambientales otorgado por la Autoridad Ambiental competente. También, emitió, la Resolución 17/13 sobre el Manejo de Efluentes líquidos generados por los establecimientos de engorde y la Res. 329 de 2017, en cuanto a requerimientos a tener en cuenta respecto a los principios generales de bienestar animal y preservación ambiental, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Dentro de esta modificación del sistema agropecuario, en los últimos años, también fue muy evidente el cambio en cuanto a la composición de los granos producidos, entre cereales y oleaginosas. A diferencia de los demás países productores mundiales de granos, la proporción de oleaginosas y cereales es inversa en nuestro país, con una proporción de cereales/oleaginosas del 25%, mientras el promedio mundial está en 75% aproximadamente, incluso en Brasil y EUA, grandes productores mundiales de soja.

Los impactos ambientales producidos por este cambio drástico en los sistemas de producción agropecuaria, son múltiples, variados y acumulativos en la mayoría de los casos y deberían haber sido evaluados a través de una EIA y/o EAE, como recomendábamos desde 1999.
Los impactos producidos por la modificación en las actividades relacionadas, como por ejemplo, la desforestación excesiva (2,4 millones de has desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007) y su consiguiente cambio de uso del suelo (con su consiguiente pérdida de fertilidad y cambios en la dinámica hídrica), las modificaciones de los sistemas de manejo y las tradicionales rotaciones, la eliminación de los períodos de barbechos, agricultura de monocultivos en grandes áreas, utilización de grandes cantidades de fitosanitarios y fertilizantes (se pasó de unos 300 mil tn en 1990 a 3.8 millones de tn en 2017) nunca fueron evaluados, como tampoco la modificación en cuanto al número y estructura de los establecimientos agropecuarios y las modificaciones en cuanto al uso de las semillas.

Históricamente, la producción agropecuaria, especialmente la extensiva, no ha sido sujeta a la EIA en ninguna jurisdicción del país, debido, entre otras cosas, a que se la consideraba sostenible con impactos ambientales positivos importantes y con impactos negativos de muy baja magnitud y alcance. En los últimos años, con los cambios acaecidos y debido a esa falta de regulación en cuanto a la EIA y EAE, de la actividad agropecuaria, las comunidades comenzaron a reclamar normativas tendientes al cuidado de los recursos ambientales especialmente impactados, como por ejemplo, suelo, agua, aire, salud, calidad nutricional, seguridad alimentaria, etc.
En el ambiente, el supuesto beneficio a corto plazo siempre es a expensas de un desequilibrio a largo plazo. Esto es así para todos los recursos naturales no renovables pero también lo es cuando se utilizan recursos renovables, pero que el hombre los explota de tal manera que los convierte en no renovables, como por ejemplo, el recurso suelo. Estos sistemas productivos, altamente demandantes de nutrientes han dejado de lado las prácticas tradicionales y los han sustituido por una incorporación grande de energía externa al sistema y por prácticas agrícolas no siempre adecuadas a la zona de aplicación.

Un caso particular sucede en la provincia de Río Negro. La provincia tiene sancionada la ley Nº 3266, de EIA, desde 1998 para proyectos, obras y acciones relacionadas con distintas áreas, que impliquen, a priori, consecuencias sobre el equilibrio ecológico, la calidad de vida y la utilización de los recursos naturales.
En la zona del Valle. caracterizadas desde hace tiempo con cultivos de trigo, alfalfa y la cría de ganado extensiva y con plantaciones y producción frutícola, de vid y de hortalizas, en la actualidad, se está produciendo un cambio muy profundo. Por un lado, en el Valle Medio, la instalación de establecimientos dedicados al engorde intensivo a corral de ganado bovino, ovino y caprino y por el otro, en el Alto Valle, la incursión de la extracción de gas en zona de chacras. Para el primer caso, el año pasado (2018) la provincia sancionó la ley provincial 4997 y su DR Nº 1916 que regula la habilitación y funcionamiento dedicados a engorde intensivo a corral de ganado bovino, ovino o caprino. Lamentablemente, para el segundo caso, que está cambiando completamente el sistema productivo, con importantes impactos sobre el suelo, agua, aire y sobre la sociedad toda, no se les exigió el procedimiento de EIA y mucho menos, el Estado realizó algún tipo de Evaluación Ambiental Estratégica previa.

A nivel nacional, para Proyectos incluidos en el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) publicó el Manual Ambiental y Social (MAS) donde imparte las indicaciones "para lograr que las actividades, productos y servicios del Programa, que puedan generar impactos, se ejecuten en forma ambiental y socialmente sostenible". El Manual trata los principales aspectos ambientales y sociales a ser considerados en la preparación, evaluación y ejecución de los proyectos a financiar con el PROSAP y los contenidos del Plan de Gestión Ambiental (PGA) que formará parte del Estudio de Impactos Ambientales y Sociales (EIAS).

Los requerimientos de EIAs serán cada vez más necesarios, también, para el comercio de los productos obtenidos en el sector y para el financiamiento de proyectos y la capacitación y actualización de nuestros profesionales deberá ser permanente. Actualmente, se van imponiendo el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), la Huella de Carbono, la Huella de Agua, etc. de un producto, sea este carne, fruta, agrocombustible, producto forestal, etc. teniendo en cuenta, todos los impactos ambientales relacionados que se producen a lo largo del completo sistema productivo.

Será de vital importancia, del mismo modo que lo hacemos a través de nuestras capacitaciones en el CPIA, incorporar e internalizar en nuestro quehacer profesional, como indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 15, "proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica" ( Objetivos de Desarrollo Sostenible. PNUD. 2016).

La EIA y la EAE son puntos de encuentro del Desarrollo Sostenible, que busca implementar una nueva forma de desarrollo. Será indispensable, realizar una planificación del espacio, a través de EAEs, para establecer qué tipo de proyectos se pueden desarrollar en un ambiente determinado, anteponiendo las características de los recursos de ese lugar, pensando el territorio desde el punto de vista ambiental y no político o administrativo. Las ecorregiones dentro del País deberán considerarse las unidades básicas de análisis.