REVISTA BIMESTRAL
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019 I NUMERO 163
Agro y Profesionales 4.0
» Capacitaciones

 

Ejercicio Profesional
y Delitos Ambientales
en el Proyecto de Reforma del Código Penal


 
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Abog. Francisco Carricaburu
T. 107 F.387
Ing. Prod. Agrop. Fernando Perez Eseiza
M.N. 01012*33*15
 
   

La presentación en el mes de marzo del proyecto que modifica el Código Penal tiene al menos dos puntos relevantes relacionados estrictamente con el ejercicio profesional:
1) Obligatoriedad de la matricula habilitante. (artículo 247).
2) El Capítulo referido a Delitos contra el ambiente. (Artículo 444 y siguientes).


La resolución 254/2003 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, declara de interés público la carrera de Ingeniería Agronómica. Es preciso observar dos fundamentos presentes en la resolución para dicha declaración: “La carrera debe ser declarada de interés público, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales planteados como actividades reservadas al título de ingeniero agrónomo: la conservación de los recursos naturales y la calidad de los alimentos”. En esa línea menciona que “La actividad agraria ocupa el 70% de la superficie terrestre. En la República Argentina estas cifras son similares si se tienen en cuenta las explotaciones forestales. En consecuencia la supervivencia misma de la humanidad depende del buen manejo de esos recursos que es responsabilidad exclusiva de los agricultores, asesorados por Ingenieros Agrónomos”. Tal asesoramiento, debe brindarse conforme a la normativa vigente, por un profesional matriculado.

“La agricultura en el siglo XXI se enfrenta a múltiples retos: tiene que producir más alimentos y fibras a fin de alimentar a una población creciente con una mano de obra menor, así como más materias primas para un mercado de la bioenergía potencialmente enorme, y ha de contribuir al desarrollo global de los numerosos países en desarrollo dependientes de la agricultura, adoptar métodos de producción más eficaces y sostenibles y adaptarse al cambio climático” (FAO, 2009).

Según el informe “La agricultura mundial en la perspectiva del año 2050” de FAO (2009) “se prevé que el 90 % del crecimiento en la producción agrícola a nivel mundial (80 % en los países en desarrollo) se deba a rendimientos más altos y a la intensificación de cultivos, y el resto a la ampliación de la superficie de las tierras”. En su trabajo sobre “Intensificación agropecuaria evaluada por indicadores de sustentabilidad ambiental” Gil et al (2009) mencionan que “la vulnerabilidad del medio ambiente y la irreversibilidad de muchos procesos son hechos que obligan a evaluar tempranamente el impacto real que pueden ocasionar los sistemas de producción agropecuarios”.

En este contexto el Ordenamiento Jurídico aparece como insuficiente a la hora de regular las múltiples actividades o acciones con consecuencias ambientalmente perniciosas.
Debe destacarse que en las legislaciones proliferan las normas de carácter administrativo, es decir, que gran parte de ellas se refieren a las obligaciones del Estado respecto del ambiente y a las acciones que se deben adoptar para su protección, restauración y preservación y, eventualmente, a las sanciones aplicables ante las correspondientes infracciones.

Es por ello que en el proceso normativo de control social, y ante la exigüidad del derecho administrativo, el derecho penal aparece como una herramienta válida y sumamente útil a los fines de completar la tarea de regulación de conductas, máxime desde que el derecho a gozar de un medio ambiente sano, equilibrado y apto, alcanzó jerarquía constitucional (art. 41 de la Constitución Nacional).-

Es por ello que la introducción en el Código Penal, tratándose el derecho penal de una normativa que entra en acción como “última ratio” y para tutelar aquellos bienes jurídicos que poseen una entidad tal que una afectación a los mismos es considerada como una conducta sumamente grave y disvaliosa, los delitos contra el ambiente, específicamente delitos sobre la contaminación y otros daños al ambiente, maltrato y crueldad contra los animales, biodiversidad, fauna silvestre u otros animales, bosques nativos y protectores y el patrimonio genético nacional no apuntan a sancionar a la producción agropecuaria y/o agroindustrial ni mucho menos al ejercicio profesional, pero si nos llama al respeto y sujeción de las normas que regulan una actividad productiva determinada, y nos impone participar como profesionales en la incorporación de conceptos técnicos y científicos que sirvan para el mejoramiento, actualización y reformulación de dichas normas.

 
 

Recordemos que en la Teoría del Delito, para que la conducta o accionar de una persona sea considerada delito tienen que darse los siguientes elementos: Acción, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. La mayoría de los tipos penales descriptos en el Capítulo de Delitos contra el Ambiente establecen: “El que, infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente, provoque o realice…….” es decir una conducta deliberada que omite el cumplimiento de normas y provoca un daño a un bien jurídicamente tutelado.

La Dra Patricia Llerena, camarista del Fuero Penal y miembro de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°103/17) explicó, en la reunión de Comisión Directiva de CPIA el pasado 10/06/2019, la interpretación y los alcances que un Juez Penal deberá darle, frente a un caso concreto, a los artículos que contienen los puntos mencionados.

Participaron también los Presidentes de los Consejos de Misiones, Rio Negro, Chubut y Provincia de Buenos Aires y Presidente y representantes de FADIA.