REVISTA BIMESTRAL
DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019 I NUMERO 159
SENASA Y LOS PROFESIONALES
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Fiscalización de Fitosanitarios en la Argentina
Controles en su comercialización


 
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Ing. agr. Esteban Sampietro
Coordinador del Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) del Senasa
 
   


Los fitosanitarios que se comercializan en la Argentina deben estar previamente aprobados por la Dirección de Agroquímicos y Biológicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Aprobar un producto de este tipo implica la enorme responsabilidad de liberarlo para su comercialización y uso en todo el país asegurando que, utilizado como se indica en su etiqueta aprobada, es eficaz y no entraña riesgos para la salud pública, la salud animal y el ambiente, en especial si uno de los principales usos son las especies vegetales destinadas al consumo humano.

Este proceso de aprobación requiere de evaluaciones técnicas y científicas de ensayos y estudios que deberán ser presentadas por los titulares de cada producto, cumpliendo con estándares similares a los exigidos en países de alta vigilancia.
El Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) del Senasa, controla, fiscaliza y supervisa el cumplimiento de las normas en la comercialización de los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas.

 
 

Verifica su trazabilidad e identifica y retira del mercado los productos no registrados en el Organismo. Dado que las autoridades provinciales y municipales competentes en la temática aplican en sus respectivas jurisdicciones reglamentos propios que norman el control de las condiciones de almacenamiento, uso, aplicación y disposición final de residuos, el Siffab se limita a la supervisión de estos productos en el territorio nacional desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio al usuario responsable o aplicador. El Siffab lleva varios años desarrollando este tipo de actividades. Verifica la trazabilidad de los fitosanitarios mediante la implementación y aplicación de las herramientas informáticas y documentales desarrolladas a tal fin y retira o hace retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en el Senasa. Las acciones se extienden a la implementación de un plan de monitoreo de calidad de productos que se focaliza específicamente en la cadena comercial.

El Sistema interactúa y colabora con una Mesa Consultiva, integrada por representantes del Senasa, expertos públicos y privados, representantes de la industria y del comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas. Actualmente, el Senasa opera en el país a través de sus siete centros regionales. Cada uno de ellos cuenta con un equipo de inspectores que verifican la comercialización de fitosanitarios, en su mayoría, en comercios expendedores.

 
 

La cantidad de inspecciones está relacionada con la zona de incumbencia del centro regional y el nivel de comercialización de productos. En el caso de constatar productos en infracción, los inspectores inmovilizan la mercadería, evitando que continúe su comercialización; luego se gestionan las acciones necesarias para imponer la sanción que corresponda.
Desde 2017 se comenzaron a tramitar mediante expedientes electrónicos las presuntas infracciones a la normativa de competencia del Siffab. Se digitalizó toda la información que luego fue vinculada con cada expediente, lo que permitió agilizar los trámites y acortar las gestionar para las sanciones respectivas.

 
 

Como resultado de las actividades desarrolladas por el Siffab se pueden distinguir variables que influyen en el tipo de infracciones que se cometen: el tipo de producto; la región productiva en el territorio nacional, el tipo de cambio monetario y la actualización normativa. Dado que en la Argentina para formular e importar este tipo de productos debe contarse con las autorizaciones previas, gran porcentaje de los productos que se detectan como no inscriptos ante el Senasa se corresponden con los coadyuvantes y fertilizantes orgánicos. Esto se debe a que su elaboración es más sencilla y tienen una penetración comercial localizada en las zonas próximas al establecimiento elaborador. Este además requiere menor infraestructura para elaborarlos en comparación con otros productos como insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. La normativa vigente es dinámica y se actualiza con relativa frecuencia. Esto impacta en las etiquetas de los productos fitosanitarios ya que deben ser modificadas y actualizadas por las empresas titulares de los productos. De las acciones de fiscalización se detectan errores en las etiquetas que no se actualizaron en el período próximo posterior a la obligación de la nueva normativa, lo que genera la necesidad de corregirlas en los lotes detectados con errores para continuar con la comercialización.

Actualmente se está ante un gran desafío en relación al control de la comercialización de estos productos, por lo que se trabaja en actualizar y desarrollar un nuevo sistema de trazabilidad específico para obtener en tiempo real la información de todas las transacciones realizadas. Este proceso comienza en la importación o elaboración de los productos a comercializar en el país.

Se entiende que implica un compromiso de toda la cadena comercial el informar las transacciones de estos productos a través del sistema “online” de trazabilidad. De esta manera será mucho más eficiente el recurso actual para fiscalizar a través de herramientas de lectura en terreno y detectar de manera sencilla y eficaz los productos que no cumplan con los requerimientos de registro y trazabilidad exigidos en la Argentina. En forma complementaria, el Siffab trabaja en la construcción de una red de información a escala regional y nacional que permita la generación de “mapas” acerca de la situación de la comercialización de agroquímicos hasta su usuario final o aplicador.

El desafío impuesto consiste en transformar los sistemas de trazabilidad vigentes, en algo sencillo de utilizar, con un soporte de ayuda eficaz y brindar información útil a otros organismos provinciales y estatales para colaborar en la implementación de sus reglamentaciones, como es el caso de prohibiciones de uso, específicas en territorios provinciales o el seguimiento y gestión de los envases vacíos de productos fitosanitarios según la Ley 27.279.