INDICE

Abr - May 2020  

Número 167


Ing. Agr. Esp. Mec. Agrop.
Ramiro Esteban Cid
M.N. 10100*01*01


INTA- Instituto de Ingeniería Rural. Miembro de la Comisión Directiva del C.P.I.A. Coordinador de la Comisión de Fitosanitarios de la Red de BPA.

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Fitosanitarios Conflictividad o Buenas Prácticas

Podemos enumerar una larga secuencia de conflictos suscitados por el uso de fitosanitarios en la protección vegetal y el cuestionamiento de sus efectos continúa en muchos casos en forma creciente. Argentina es, seguramente, uno de los países donde estos conflictos son más evidentes, muy particularmente por lo que se ha dado en llamar “aplicaciones periurbanas” es decir aquellas que se realizan en la periferia de los pueblos y ciudades.

Pero también son cuestionadas las pulverizaciones cercanas a las escuelas rurales, a las corrientes de agua y a zonas consideradas como reservas naturales por los eventuales riesgos de contaminación ambiental. Estos sitios suelen ser denominados como “zonas sensibles”.

Para quienes se dedican a la protección vegetal en cualquiera de sus formas, seguramente la mención del Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, el reciente conflicto en Entre Ríos con amplias zonas de exclusión a partir de las escuelas rurales, la prohibición del uso del glifosato en la provincia de Chubut y de las aplicaciones aéreas en el Partido de Exaltación de la Cruz, los problemas suscitados en dos barrios de Pergamino son simplemente unos pocos casos conocidos de un conflicto bastante más extendido.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?

En primer lugar, es importante mencionar el importante papel que el ordenamiento territorial, o más bien su ausencia, cumplen en el problema. “Se trata de una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio de modo que estos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espa-cialmente armónico y socialmente justo.” (Massiris Cabeza).

 
   

Es preciso reconocer que este criterio no se ha cumplido en la mayoría de nuestras ciudades, donde el crecimiento se produjo en forma desordenada, siguiendo a las rutas o vías férreas, a loteos oportunistas o a la creación de “countries” en zonas claramente rurales. Pareciera ser que cuanto más grandes son las ciudades, más desordenado ha sido este crecimiento. Como consecuencia de ello la zona urbana adopta formas sumamente irregulares y han quedado zonas productivas encerradas dentro del crecimiento poblacional, dificultando una delimitación urbano-rural clara. En los pueblos o ciudades pequeñas, ésto suele ser mucho menos evidente. Por otra parte, la interacción entre el campo y la ciudad es mucho más activa y concreta, lo que tiende a disminuir el grado de conflictividad, ya que hay un mayor grado de identificación.

Otro aspecto a tener en cuenta es la evolución creciente en el uso de fitosanitarios. Si bien se carece de información de los últimos años la cantidad de fitosanitarios utilizados en el país entre 1997 y 2011 creció algo más del doble y se percibe que sigue la misma tendencia. Así, el impacto ambiental de los fitosanitarios, muy particularmente cuando son mal manejados, podría incrementarse en el futuro.

Un tercer punto es el aspecto legal. Ante la falta de una legislación nacional y la existencia de leyes y normativas provinciales y municipales con criterios legales muy diferentes, en el seno de la Red BPA (Red de Buenas Prácticas Agropecuarias), con la muy activa participación del C.P.I.A., se está trabajando desde hace más de un año en la elaboración de un Anteproyecto de Ley Nacional de Fitosanitarios que busca propender a una mejora sustancial de la calidad de las aplicaciones de fitosanitarios en nuestro país mediante la incorporación de las Buenas Prácticas como una obligatoriedad, fortalecer el rol de los profesionales como garantes de este proceso brindando mayor seguridad y aportando tranquilidad a la población a fin de disminuir el actual nivel de conflictividad en base al criterio de “hacer las cosas bien y poder demostrarlo a la sociedad”, entendiendo que si las aplicaciones de fitosanitarios se llevan a cabo en forma segura, no debieran existir motivos de riesgo. Más de 20 entidades del agro se han puesto de acuerdo para brindar su aporte en esta tarea.

El anteproyecto contempla como puntos principales:
› La conformación de Mesas de Diálogo a nivel municipal incluyendo a los actores involucrados e interesados de la comunidad a fin de definir las zonas sensibles y las eventuales zonas de amortiguamiento en base a criterios científicos y debiéndose tener en cuenta las características del ambiente que se desea resguardar.
› Definición de los criterios de zonas sensibles y zonas de amortiguamiento entendiendo a la primera como un ambiente que requiere especial protección que la vuelve como objeto de un resguardo particular y a la segunda como la zona adyacente a la zona sensible donde la aplicación de fitosanitarios requieren de un tratamiento condicionado como garantía de protección a la zona sensible. No se fijan zonas de exclusión.
› Uso de fitosanitarios que cumplan con toda la normativa legal, aprobados por SENASA, y que cuenten con la receta agronómica responsable emitida por un profesional de la agronomía debidamente matriculado y registrado como asesor fitosanitario responsable.
› Las aplicaciones en las zonas de amortiguamiento deberán cumplir con aviso previo al municipio, control de las mismas mediante un fiscalizador profesional de la agronomía, debidamente matriculado y habilitado, bajo las condiciones meteorológicas adecuadas, contando con la correspondiente receta agronómica, llevadas a cabo por una empresa registrada y habilitada, por un operador capacitado y un equipo aplicador verificado técnicamente.

 
   

Se dispondrá, además, de señalética informativa y mangas de viento visibles para los transeúntes. Bajo ningún concepto, en un mismo lote, podrá cumplir funciones de asesor y de fiscalizador el mismo profesional.

› Las empresas aplicadoras serán las primeras responsables de la calidad de las tareas, debiendo estar registradas, con sus equipos verificados técnicamente y sus operarios debidamente capacitados y matriculados por la autoridad de aplicación.

› Se definen, también, las pautas que deben cumplir en materia de uso de fitosanitarios las plantas de acopio y almacenamiento de granos, muy particularmente cuando se encuentren ubicadas en zonas urbanas.
Como puede verse se trata de compatibilizar dos derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional: el derecho a la producción y el derecho a gozar de un ambiente sano.

Entendemos que, mediante el uso de la tecnología y conocimientos disponibles en la actualidad, ambos derechos son totalmente compatibles, sin dejar de reconocer que es preciso lograr, en muchos casos, un importante cambio en la calidad de las aplicaciones de fitosanitarios en nuestro país mediante la implementación masiva de las Buenas Prácticas. En ello estamos trabajando.